El asunto de los musulmanes en España hoy en día no debería estar enfocado en reconstruir una realidad histórica gloriosa, Al Ándalus. Al Ándalus es pasado, y del pasado se aprende, se estudia y se sacan conclusiones válidas para el momento actual, pero no se revive. Los musulmanes de España, y en general de Europa, hemos de abrazar con orgullo nuestra tradición europea, de la que Al Ándalus forma parte, aunque no es la única. Debemos centrarnos en los problemas que nuestra sociedad actual presenta –económica, política y socialmente– y ofrecer soluciones válidas basadas en el conocimiento de nuestra creencia y la jurisprudencia islámica tradicional −fundamentada en los cuatro madhabs– y de la cual dos tercios están dedicados a los distintos tipos de transacciones y sus reglas. Somos musulmanes y somos europeos, y como tales debemos vivir en nuestras sociedades, procurando establecer nuestro Din de forma completa en el contexto en el que vivimos.
De la misma forma que esto es así, la gran mayoría de la población de la Península que vivió entre el 750 d. C. y el 1500 d. C. eran musulmanes y eran europeos, si aplicásemos el concepto de “Europa” a ese entonces.
Emilio González Ferrín, director del Departamento de Filologías Integradas de la Universidad de Sevilla, en su libro Historia general de Al Ándalus, recoge el testigo de Ignacio Olagüe y propone un nuevo paradigma alejado de la corriente historiográfica “oficial”. En la primera página de su introducción, Ferrín escribe:
De acuerdo, Al Ándalus es un componente. Pero ¿de qué? Bien, nosotros pensamos que de Europa: de la Europa que conocemos como matriz de Occidente y que Al Ándalus saltó del Medievo para vivir un primer Renacimiento.
Más adelante, en la página 167, desmonta después de un lógico argumento, el mito de la invasión y la implantación del Islam como un ente alien a la Península.
Neguemos, por lo tanto, la invasión en su sentido estricto, así como la conquista tal y como interpretamos una conquista: un Estado invade a otro y consolida en él sus modos sociales después de ensayar con éxito sus formas coercitivas. No ocurrió de ese modo. Tampoco creamos a ciencia cierta en la expansión hipertrofiada de un Islam encandilador de geografías: cuanto fue Al Ándalus desde el principio sirvió para proyectar al islam. Todo nacía y se desarrollaba al tiempo como producto de la interesante orientalización del mundo de las ideas mediterráneas que llegaba a Europa –Hispania−. Había empezado con el cristianismo, y se concluiría con el islam civilizador.
Por lo tanto, cuando los Reyes Católicos, a través de la Inquisición, se propusieron expulsar el Islam de la Península, rompiendo el pacto contraído con Abu ‘Abd Al-lah, último rey musulmán de Granada, en las Capitulaciones de Granada, lo que hicieron fue expulsar a cientos de miles de habitantes originarios de la Península que eran musulmanes. Tanto es así que tuvieron que repoblar zonas enteras con gentes traídas de otros lugares porque no quedaban habitantes.
Los habitantes musulmanes de la Península no fueron los únicos en sufrir esta expulsión −se le puede llamar genocidio− también lo hicieron los judíos que habitaban en esta tierra. La diferencia es que los judíos se podían contar en miles y los musulmanes en millones. [otw_is sidebar=otw-sidebar-1]
Por esta razón sorprende, e incluso indigna, la ley propuesta por el ministro de Justicia actual, Alberto Ruiz-Gallardón, y aprobada por Decreto Real, de conceder la nacionalidad a todos los sefardíes con independencia de su lugar de residencia, y que olvida por completo a los musulmanes españoles de entonces. En esta ley se estipula que a cualquier descendiente de judíos expulsados de España –sefardíes– que pueda acreditar su condición y demuestre tener un vínculo con el país se le concederá la nacionalidad. Esto lo podíamos leer −y aún está disponible− en la página web de Europa Press, aunque no se le dio mucha cobertura mediática. La noticia continua:
Será indispensable que el solicitante presente un “certificado” de la Federación de Comunidades Judías en España que acredite su condición de sefardí y, al margen de esto, deberá demostrar el vínculo que le une a nuestro país, “ya sea por los apellidos, por idioma familiar, descendencia directa o parentesco colateral” con sefardíes a los que ya se reconoció la nacionalidad en 1942 o por una vinculación especial con la cultura y costumbres españolas.
Es decir, con toda la facilidad puede obtener un judío de hoy en día residente en cualquier país, pero que tenga algún ancestro que hubiese vivido en la Península, la nacionalidad española. Recomendamos a todos nuestros lectores que lean esta noticia, puesto que es muy ilustrativa para entender el panorama de la España de hoy en día. Al hacerlo los lectores observarán que tan solo cambiando palabras como “Federación de Comunidades Judías en España” por “Federación de Comunidades Musulmanas en España”, y algunas similares, esta noticia podría estar redactada para los “moros”. Pero no es así.
De hecho, cuando el 25 de noviembre de 2009 el diputado y portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados propuso una ley parecida, pero ni mucho menos del mismo calibre, puesto que tan solo pedía que se reconociese el hecho de la expulsión y que esta tuviese una reparación de carácter simbólico y moral, no que se le diesen papeles a los moriscos expulsados, el rechazo del Grupo Popular fue tenaz. En ese momento se instó al Gobierno en funciones a ocuparse de los “verdaderos problemas de España” y no a nimiedades. Algunos medios de comunicación tampoco se quedaron cortos a la hora de pronunciarse contra esta medida. Una editorial del diario del ABC (25/11/2009) publicaba: “Ahora el retrovisor llega hasta 1609, cuatrocientos años atrás, con la ridícula intención de ‘reparar’ los daños ocasionados por la expulsión de los moriscos…”. El mismo periódico publicaba esto de la pluma de Antonio Burgos (25-11-2009):
Dentro de la marejada de chuminás que nos acosan a diario, España se va a plantear resarcir históricamente al pueblo musulmán porque mi Señor Don Philippo el Tercio tuvo a bien quitarse de encima a la masa de no integrados que sin oficio ni beneficio, salvo cultivar algunas huertas, pululaban por estos lares…
El ABC no fue el único; La Razón, el Ideal o el Diario de Mallorca publicaron cosas parecidas. Nótese en todos ellos el énfasis en destacar que los musulmanes no eran gente de la Península, sino invasores venidos de fuera que “ocupaban” estas tierras, y la falta de cultura elemental que muestran al señalarlos como una “masa de no integrados sin oficio ni beneficio”.
Parece que esa prontitud en condenar esa “ridícula” ley no se ha dado con la referente a los sefardíes, que tiene efectos mucho más inmediatos y reales para el Gobierno –se calcula que unos 250.000 mil judíos hablan español en el mundo, por lo que tendrían acceso a la nacionalidad– y que “debe” ocuparse de una crisis mucho más severa.
El evidente doble baremo del Gobierno pone de manifiesto muchas cosas; no por casualidad el ministro de Exteriores, Maragallo, enmarca esta ley en el esfuerzo por promover la “marca España” y nos regala perlas como esta durante la ceremonia para celebrar su aprobación –algo inaudito en sí mismo–, que tuvo lugar en la Casa Sefarad y que declara cuáles son las intenciones de la misma: “Recobrar la memoria de la España silenciada durante hace mucho tiempo” y culminar el camino “hacia la tierra y libertad” de los españoles que “añoran Sefarad” y viven en la “diáspora”.
Se hace necesario recordar que todo aquello que les sucedió a los judíos sefardíes no fue sino un reflejo de la verdadera tragedia: la expulsión de cientos de miles de musulmanes españoles que −de acuerdo a la misma definición de Gallardón refiriéndose a los sefardíes− “han sido injustamente privados de su nacionalidad y han recreado a través del afecto una España que nunca se resignaron a perder y que a partir de ahora es tan suya como nuestra, en lo que al derecho se refiere”.
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